Entre otras medidas, los empresarios que defrauden a la Seguridad Social deberán devolver íntegramente las cuotas para evitar responsabilidades penales, al tiempo que el periodo de prescripción de estos delitos aumentará de los 5 a los 10 años.
En la rueda de prensa posterior a la reunión interministerial, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha resaltado que con este plan se trata de evitar comportamientos que atenten contra los derechos de los trabajadores, así como situaciones de competencia desleal entre las empresas.
Sus principales objetivos son los siguientes:
- Afloramiento de la economía sumergida.
- Evitar fraudes en el acceso a prestaciones públicas, principalmente por desempleo.
- Tratar de que todas las empresas den de alta a sus trabajadores.
- Combatir los supuestos de aplicación y obtención indebida de bonificaciones o reducciones de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y de otros incentivos relativos a las políticas de empleo.
Entre las diversas medidas que contempla el Plan destacan las siguientes:
- En 2012 se incorporarán 53 inspectores y 60 subinspectores para reforzar la Inspección de Trabajo, todos ellos destinados con carácter prioritario a la prevención, detección y lucha contra el empleo irregular; mayor coordinación con la Inspección de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, entre otras instancias; creación de nuevos equipos especializados en supuestos de empleo irregular y de derivaciones de responsabilidad.
- Desarrollo de nuevas campañas de inspección en determinados sectores de actividad donde están identificadas posibles bolsas de fraude.
- Se modifica el Código Penal delimitando nuevos supuestos de fraude y tipificando como delito del empleo simultáneo de trabajadores en situación irregular, sin comunicar su alta en la Seguridad Social o sin haber obtenido la correspondiente autorización de trabajo; se amplía el período de prescripción de cinco a diez años de los supuestos delictivos más graves.
- Se modifica la Ley de Ordenamiento de la Seguridad Social, para ampliar de 9 a 18 meses los periodos de investigación de ciertos fraudes "complejos", previo al procedimiento sancionador, y se extiende el plazo, desde un año hasta tres, para exigir la responsabilidad solidaria por incumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social en los supuestos de subcontratación.
- Se elimina el límite actual de 187.515 euros, con el objetivo de ampliar el grado de disuasión de las sanciones por impago de las cuotas de la Seguridad Social.
- Las empresas de más de 100 trabajadores, y no de más de 500 trabajadores como hasta ahora, tendrán que hacer aportaciones al sistema cuando incluyan a trabajadores de más de 50 años en despidos colectivos y tengan beneficios. De esta manera, se intenta evitar que, en los ERE de las grandes empresas que incluyen prejubilaciones, los dos primeros años de paro de los prejubilados corran a cargo del erario público (es la conocida como cláusula Telefónica).
- Se establece la prohibición de que los convenios colectivos establezcan topes de edad de jubilación.
Fuente: libremercado.com
