La Guardia Civil de Cádiz, concretamente el Equipo de Delincuencia Urbanística, ha desarticulado una organización dedicada a la especulación urbanística en Chiclana, donde han puesto a disposición judicial a 38 personas por delitos de falsedad documental, contra la ordenación del territorio, estafa y organización criminal.
La
Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia
Civil de Cádiz, por medio de su Equipo de Delincuencia Urbanística, en
el marco de la operación 'Yate', iniciada para la
investigación de diversos delitos que se venían cometiendo en el término
municipal de Chiclana de la Frontera, con motivo de la compra de fincas
y su posterior división en parcelas para construir viviendas unifamiliares de forma ilegal, mediante la comisión de delitos de falsedad documental, estafa y organización criminal, entre otros.
Como consecuencia de estas investigaciones, se detectó que varias empresas del sector inmobiliario se estaban dedicando a comprar fincas en suelos donde el PGOU municipal de Chiclana de la Frontera no permitía usos residenciales, con la intención de dividirlas en parcelas, para luego venderlas por separado.
Para
conseguir vender estas parcelas necesitaban obtener notas simples
registrales de las mismas. Para obtenerlas, utilizaban los servicios de
un arquitecto, que emitía certificados de antigüedad firmados por
técnicos competentes a nombre de los solicitantes o testaferros, para
ocultar los nombres de los promotores/constructores, donde decían que en
las fincas objeto de venta habían viviendas con antigüedades superiores
a cuatro años.
Con estos certificados, tras ser
visados por el Colegio de Arquitectos, los promotores/constructores
conseguían que los Notarios autorizaran en escrituras públicas las
declaraciones de Obra Nueva de viviendas que no existían. Acto seguido,
procedían a la división horizontal de estas supuestas viviendas, en
tantos departamentos como permitiesen las dimensiones de la vivienda
declarada, a los que les correspondía una parte proporcional del
terreno. Finalmente los inscribían en el Registro de la Propiedad de
Chiclana de la Frontera.
Ya sólo tenían que pedir
la nota simple de la parcela que querían vender, para convencer a los
compradores de que estaba en regla y para utilizarla en notaría como
documentación registral del bien inmueble que se vendía. Después
anunciaban las parcelas en las inmobiliarias de la zona. Una vez
encontraban compradores les vendían las parcelas, con o sin vivienda
construida, según los casos. Si los compradores necesitaban financiación
ajena para comprar la parcela y construir la nueva vivienda, entonces
acudían a agentes financieros, que estaban en connivencia con los
promotores/constructores, quienes se encargaban de realizar las
gestiones necesarias para la obtención de los préstamos hipotecarios,
llegando a falsificar la documentación relativa a la información
económica de los solicitantes.
Como la vivienda a hipotecar todavía no estaba construida, los tasadores tasaban otras viviendas
para que fueran valoradas como objeto de la garantía de los préstamos
hipotecarios. Una vez realizado el informe de tasación y validado por la
empresa tasadora, se remitía a la sucursal financiera para comprobar la
viabilidad de la operación, junto con las nóminas de los compradores,
llegando incluso a falsificarlas. Finalmente se vendían las parcelas y
se construían las viviendas, con lo que los promotores/constructores
obtenían importantes beneficios.
Para evitar las consecuencias legales que estos delitos podían acarrearles, habían urdido todo un entramado de sociedades interpuestas y testaferros,
evitando así figurar en documentos públicos o privados, a la vez que
eludían las sanciones impuestas por la Gerencia Municipal de Urbanismo
en los expedientes urbanísticos incoados al respecto, y las
reclamaciones de Hacienda de la Junta de Andalucía por el impago del
Impuesto de Sucesiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
pues se cuidaban de que los testaferros que utilizaban fuesen
insolventes.
Por todos estos hechos se ha
procedido a la detención/imputación de 38 personas, entre los que
figuraban promotores, constructores, arquitectos, arquitectos técnicos,
tasadores, abogados, agentes de la propiedad inmobiliaria, agentes
colaboradores de entidades financieras, testaferros y particulares,
todos los cuales han sido puestos a disposición del titular del Juzgado
nº 3 de los de Chiclana de la Frontera.
Leído en Diario de Cádiz
