El Gobierno pretende recortar los complementos específicos que cobran los funcionarios municipales para conseguir un ahorro extra de 870 millones de euros en los próximos dos años.
Según publica el diario El País, el Ministerio de Hacienda ha ampliado los recortes previstos en los salarios de la administración pública, medida que ya ha notificado incluso a la Comisión Europea. El nuevo recorte que pretende imponer el departamento de Cristóbal Montoro consiste en establecer topes a los complementos específicos que cobran los empleados públicos, cantidades que se suman al salario de los trabajadores por características especiales de su puesto. Teniendo en cuenta los grupos porfesionales a los que pertencen los funcionarios municipales se impondrá un límite, una cantidad que se determinará anualmente en los presupuestos del Estado. De esta manera, los topes no solo afectarán a los cargos políticos. De acuerdo con los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), los más de 8.100 ayuntamientos españoles emplean a más de 560.000 personas, cuya retribución no siempre es similar aunque sus funciones sí lo sean.
Según recoge la agencia Europa Press, Hacienda va a buscar el establecimiento de una “horquilla salarial” para los funcionarios locales, con la que evitar la enorme dispersión que hay entre ellos y entre todos ellos y los funcionarios del Estado. Sin embargo, no han precisado cómo, ni si significará que algunos van a perder sueldo. Se está trabajando en ello y se incluirá cada año en la Ley de Presupuestos del Estado.
Esta nueva medida se ha conocido en pleno debate sobre la reforma de la Administración Local, un anteproyecto en el que el Gobierno lleva meses trabajando y que en las próximas horas se presentará a la Federación de Municipios y Provincias de España. La reforma, según ha podido saber la agencia Colpisa, pretende que el 92,1% de los 6.797 ayuntamientos de municipios de menos de 5.000 habitantes pierdan a partir del 1 de enero la gestión de sus servicios básicos que prestan a a diario; es decir, residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.
Cesión de competencias a las diputaciones
Estos 6.260 consistorios intervenidos, que suponen el 77% de los 8.116 poblaciones de España, cederán estas competencias a las diputaciones provinciales a partir de esa fecha. Fuentes de Hacienda y Administraciones Públicas han justificado esta drástica decisión por la “ineficiencia” de estos ayuntamientos que, según los cálculos del Ministerio, pagan hasta tres veces más por un mismo servicio que un municipio de más de 100.000 habitantes. Para hacer esta comparación, el departamento que dirige Cristóbal Montoro, ha utilizado el denominado “coste estándar”, con el que el Gobierno ha fijado un criterio común para todos los municipios en cuanto al precio de prestación de estos servicios básicos. Se ha tenido en cuenta la densidad, dispersión o el envejecimiento poblacional, entre otros parámetros.
Los consistorios de las poblaciones de menos de 5.000 vecinos podrán recuperar la prestación de servicios en un plazo de cinco años, siempre que presenten un plan de viabilidad que incluya un aumento de los ingresos y un recorte de sus gastos. El Gobierno confía, además, en que “muchos” de los ayuntamientos que corren el riesgo de ser intervenidos el 1 de enero puedan revertir la situación en los siete meses que restan para finalizar el año.
La insuficiencia financiera no es patrimonio exclusivo de los pueblos pequeños. Más de 400 ciudades de más de 20.000 habitantes también superan el denominado coste estándar. La diferencia es que a estos ayuntamientos se les aplicará directamente la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que posibilita al Gobierno central a multar e, incluso, intervenir las administraciones públicas incumplidoras.
El Gobierno calcula que con la reforma de la administración local logrará un ahorro para las arcas públicas de 7.129 millones de euros. Por clarificación de competencias, 2.232 millones de euros; por eliminación de duplicidades, 3.282 millones de euros. Además considera que la supresión de mancomunidades y empresas públicas supondrá un ahorro de 73 millones de euros. De momento, se ha pasado de 3.656 compañías municipales en el 2009 a 3.294 en el 2013. Por la reducción de empleados eventuales y cargos electos se dejarán de gasta 145 millones de euros, y por la unificación de salarios entre los empleados públicos municipales, unos 900 millones de euros.
