La diputada socialista por la provincia de Cádiz, Mamen Sánchez, anunció ayer que el grupo socialista en el Congreso pedirá al ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, la destitución de la gerente de la empresa pública La Almoraima S.A., Isabel Ugalde, por haber mentido al haber trasladado a los medios que ya existió intención de venta de la fina en etapa socialista.
Por otra parte, la diputada socialista que requirió información por escrito al respecto ha recibido contestación en la que queda claro que no existe documentación alguna sobre intenciones del Gobierno de vender la finca en etapas anteriores. Junto a las mentiras intencionadas trasladadas a la prensa, se le recrimina también "su prepotencia, empecinamiento y falta de respeto a instituciones como la Junta de Andalucía que está tratando de proteger su alto valor medioambiental y el desprecio más absoluto hacia la ciudadanía que también está diciendo no, o a órganos de participación social como la Junta rectora del parque a los que también ha descalificado".
"Es insoportable el tufo rancio que desprenden sus declaraciones como decir que hay que estar un poco viajado para entender su particular concepto de turismo de lujo o que la Junta quiere someter a la pobreza a sus ciudadanos porque no comparta la decisión del Gobierno de deshacerse de un patrimonio público", critica al mismo tiempo que le reprocha "que aún siendo consciente de que la protección de la Junta ahuyentará a inversores, se muestre partidaria incluso de rebajar el precio". "España no se arregla porque se malvenda un paraíso como La Almoraima, aquí hay un juego de intereses que no responden a la defensa de lo público", apostilló.
Sánchez consideró reprobable la actitud de la gerente que, para tratar de justificar el juego de intereses que se trae entre manos con La Almoraima, ha intentado echar la culpa a los socialistas que "es la única salida que el PP siempre tiene ante la nefasta gestión que vienen realizando". La diputada socialista preguntó además al Gobierno por la gestión de la gerente que no ha aportado hasta ahora ninguna propuesta que no sea la de "encontrar grandes fortunas para que la compren por 300 millones y así restituir el pasado del latifundio expropiado a Rumasa por el Gobierno de Felipe González".
