Los imputados son propietarios de Centros de Tratamientos de Vehículos al Final de su Vida útil (CATs).
Se les imputa además delitos de falsedad documental al expedir documentos que certifican la descontaminación de la mercancía.
Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Algeciras, pertenecientes al Equipo del Seprona, en colaboración con los agentes de aduanas del PIF del puerto de Algeciras entre los meses de enero a septiembre de este año, ha realizado una investigación sobre la exportación de piezas de vehículos usados y gestión de vehículos al final de su vida útil dando como resultado la imputación de 9 personaspor presuntos delitos Contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente y por Falsedades Documentales.
Las investigaciones se han realizado en el marco de la Operación “TRANS” y tenía como objetivo el esclarecer las posibles irregularidades que se cometían en la gestión de vehículos al final de su vida útil (VFUs), considerados como residuos peligrosos.
En el transcurso de la investigación se ha podido comprobar que empresas de desguaces pretendían exportar partes de vehículos usados a países africanos como mercancía, cuando no habían sido descontaminados previamente y por tanto debían de ser declarados como residuos.
Dirección General De La Guardia Civil
Las mercancías fueron rechazadas para la exportación en el Puerto de Algeciras por Agentes de Aduanas del Punto de Inspección Fronteriza al no poder verificar la efectiva descontaminación. Es a partir de éste momento cuando los Agentes del Seprona inician un seguimiento a la mercancía en territorio nacional al objeto de clarificar el origen de la misma, comprobando que se cometían irregularidades por Centros Autorizados de Tratamientos de Vehículos al Final de su Vida Útil (CATs), en relación a la no retirada de residuos peligrosos de los vehículos y al transporte de los mismos.
Todo ello dio lugar a la imputación de los responsables de tres Centros Autorizados de la provincia de Sevilla que pretendieron exportar a Nigeria un contenedor con motores usados y otras piezas de vehículos sin descontaminar, con restos de grasas y aceites. De la provincia de Málaga se imputó al responsable de otro CATs por los mismos hechos, pero la exportación tenía como destino Ghana. En la provincia de Badajoz se imputaron a los responsables de tres CATs, por una exportación que se pretendió llevar a cabo a Egipto, pero en esta ocasión la mercancía se trataban de vehículos completos cortados por la mitad a los que no se les había retirado los residuos peligrosos y documentalmente se encontraban de baja.
Los imputados fueron acusados de presunto delito de falsedad documental al expedir documentos que certificaban la descontaminación de la mercancía que pretendían exportar cuando no era cierto, y por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Estas primeras investigaciones dieron lugar a que se tuviera conocimiento que en la provincia de Cádiz había instalaciones que realizaban la actividad de gestor de residuos como centros CATs careciendo de autorización de la Consejería de Medio Ambiente y de licencia municipal. Tras realizar numerosas inspecciones en éste tipo de centros durante el presente año dio como resultado la localización de tres instalaciones que fueron denunciadas ante los
Organismos competentes por numerosas irregularidades en la gestión de residuos peligrosos.
Estas instalaciones compraban vehículos de los que sus titulares tenían intención de desprenderse y pretendían dar de baja ante la Jefatura de Tráfico, les retiraban las piezas que podían ser vendidas como usadas y el resto del vehículo era vendido como “chatarra” a CATs de la zona, que al mismo tiempo son chatarrerías, para su compactado y posterior traslado a fundición que facilitaban la baja documental del vehículo y el preceptivo certificado de destrucción
de vehículos al final de su vida útil a las instalaciones ilegales.
De los hechos se han instruidos las correspondientes diligencias que han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.
