El PSOE deberá decidir si Collado sigue como candidato tras el caso Gremio


El Código Ético de los socialistas preconiza la puesta a disposición de los cargos públicos y orgánicos si son llamados a juicio El exalcalde, dispuesto a acatar la disciplina del partido
El Partido Socialista deberá decidir si mantiene al secretario local de Jimena, Pascual Collado, como candidato a la Alcaldía ante su procesamiento judicial por el caso Gremio, que investiga pagos municipales durante la anterior Corporación local -cuando él era alcalde- vinculados al festival de música de Jimena.

Como adelantó Europa Sur en su edición de ayer, la juez de San Roque que instruye la causa por la supuesta comisión de un delito de prevaricación administrativa ha ordenado a través de un auto que se continúe con la preparación de juicio oral. Esto es, ha solicitado a la Fiscalía y a las acusaciones particulares que se pronuncien sobre si estiman oportuno abrir juicio o archivar la causa y, en caso de que pidan la celebración de la vista, redacten el escrito de acusación.


Que la juez acuerde finalmente ir a juicio es poco más que un trámite ante el contenido del auto y el recorrido judicial del procedimiento, que insiste en la condición de imputados del exalcalde y cinco de sus concejales en el periodo corporativo 2007-2011.

Por tanto, el paso de imputado a procesado para Pascual Collado y los exediles se encuentra a expensas de la petición del fiscal.

Collado se vería forzado a dejar su cargo puesto que el Código Ético del Partido Socialista en vigor desde 2013 preconiza la dimisión de los cargos públicos y orgánicos si resultan procesados por los tribunales. "Soy una persona disciplinada en el funcionamiento de mi partido. Por lo tanto, si resulto procesado pondré mi cargo a disposición del partido y que éste decida", apuntó.

No obstante, Collado confía en que no se llegue a tal extremo y utilizará hasta el último resquicio legal para evitar su procesamiento, puesto que su defensa y la de los otros cinco imputados en el caso va a recurrir este auto (es posible por la vía de reforma y apelación). En él, la defensa solicitará formalmente el sobreseimiento de la causa. "Lo harán a partir del lunes, cuando se nos notifique", apostilló.

Collado dijo estar tranquilo ante el procedimiento, aunque reconoció que no resulta agradable estar inmerso en causas judiciales. "El auto de la juez es un paso habitual en las diligencias previas. Pero vamos a recurrir y a pedir el archivo porque consideramos que se trata de una denuncia política que ha venido utilizando la oposición y luego el gobierno del PP. El asunto puede salir antes de las elecciones municipales", reconoció, si bien remachó que cualquier actuación en estos momentos queda condicionada a lo que dictamine la Justicia.

El caso Gremio se basa en una denuncia tramitada en noviembre de 2013 por el actual alcalde, Guillermo Ruiz (PP), al entender que el anterior gobierno (del PSOE) prevaricó al ordenar un pago de 351.542,70 euros a la empresa Gremio, organizadora de varias ediciones del festival de música de Jimena. Según la denuncia interpuesta en su momento, el convenio de organización del festival consideraba que la empresa operaba a riesgo y ventura, en función de la venta de entradas. Frente a esto, el actual gobierno sostiene que el precedente aprobó durante su etapa en el Consistorio el pago de ese dinero sobre un total de 376.172,11 euros en facturas presentadas por la empresa con dos informes en contra, el de la Intervención municipal y otro de la Diputación Provincial de Cádiz.

Esta denuncia provocó a principios de 2014 la imputación de Pascual Collado, así como de otros cinco socialistas que formaron parte de la Corporación 2007-2011: Andrés Beffa, Noelia García, Mercedes Segovia, Fernando Gómez y Jesús Rodríguez. Todos declararon como imputados en febrero de 2014. Como se informó en su momento e insistió nuevamente Collado en sus declaraciones de ayer a este periódico, el entonces gobierno local dijo que ordenó los pagos porque mediaba un informe favorable del Servicio de Atención a Municipios (SAM) de la Diputación Provincial de Cádiz.

Collado no pasó por alto el hecho de que Noelia García continúe constando como imputada en este auto. García acreditó en 2014 que no era concejal de la Corporación en el momento en que se ordenaron los pagos, por lo que pidió que se levantase la imputación. "Sin embargo, continúa. Lo consideramos un error y vamos a volver a reclamarlo", comentó Collado.
Leído en Europa Sur
Mas Información sobre el caso Gremio AQUI

14 de febrero de 2015
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