Los jueces de la Sección 8ª de la Audiencia Provincia de Cádiz con sede en Jerez han ordenado este martes el ingreso inmediato en prisión de la ex alcaldesa Pilar Sánchez por el 'Caso PTA'. El auto -al que ha tenido acceso este Diario- de la presidenta del tribunal, Lourdes Marín, y de los magistrados Ignacio Rodríguez y Blas Rafael López fue notificado ayer mismo a las partes. En el documento judicial se declara firme la sentencia dictada sobre el 'Caso PTA' y se anuncia que se "librará comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que procedan a la detención e ingreso en prisión" no sólo de Sánchez, sino también de la ex delegada socialista María del Carmen Martínez, que también fue condenada en este mismo procedimiento. Aun así, se especifica que la resolución aún no es firme y "contra la misma cabe recurso de súplica en el plazo de tres días".
En relación al ex delegado Francisco Lebrero, que fue absuelto, se "procede al archivo de las actuaciones dejando sin efecto en su caso, las medidas cautelares que se hubieran podido adaptar en el curso del proceso". Una decisión que también afecta al resto de personas absueltas en el proceso como han sido José Manuel Caro, José María César López y José María Rivera.
Por otra parte, en el auto se requiere tanto a Sánchez como a Martínez para que, en el plazo de 30 días, "hagan efectivo el pago de la indemnización, solidaria, a que han sido condenadas". Al mismo tiempo, a la ex delegada se le exige que abone también la multa que le fue impuesta de 1.890 euros. En el caso del trabajador municipal Salvador Rubio -él no recurrió la sentencia como sí hicieran Sánchez y Martínez- al no estar previsto su ingreso en prisión por ser la condena menor de dos años, sólo le exige que efectúe en diez días el pago de la multa impuesta que asciende en su caso a 810 euros.
Hay que recordar que este mismo martes, la ex regidora socialista -que deberá además declarar en unos días como testigo en el juicio de Pedro Pacheco por el caso 'Estación de autobuses'- dirigió un recurso de amparo al Tribunal Constitucional con el que pretende evitar su entrada en la cárcel para cumplir la condena de 4 años y seis meses de cárcel que le impuso el Tribunal Supremo. El abogado de Pilar Sánchez, Juan Pedro Cosano, ya explicó que Sánchez estaba "muy preocupada" y afectada, ya que era precisamente en estos días cuando se esperaba -como ha ocurrido- que el Supremo remitiese a la Audiencia Provincial de Cádiz la orden de ejecución de la sentencia, que implica su ingreso inmediato en la cárcel.
Dicha orden se esperaba después de que el pasado 21 de diciembre el Tribunal Supremo confirmara la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que condenaba a la ex alcaldesa a 4 años y 6 meses de prisión y a 8 de inhabilitación por el denominado 'Caso PTA'. En concreto, la sentencia la consideró autora de varios delitos cometidos en relación con la concesión de una subvención del 40% a la empresa Tecnología e Innovación Sanitaria (TISA) para la adquisición de suelo en el Parque Tecnológico Agroindustrial de Jerez.
Cosano ya explicó esta misma semana que esperaba que, al estudiar su recurso, en el que pide la suspensión de la ejecución de la condena, el Tribunal Constitucional matice algunos aspectos de la sentencia. El letrado apuntó, además, que el Constitucional "suele" suspender la ejecución de una condena cuando ésta es inferior a cinco años, lo que se da en este caso. No obstante, antes de que esto ocurra el Tribunal Constitucional deberá decidir previamente si admite o no a trámite el recurso de amparo que recibió el martes. Se trata de una vía que permanecerá abierta hasta que el Alto Tribunal se pronuncie, independientemente de que la ex alcaldesa entre o no de manera inmediata en prisión.
Cabe recordar también que Pilar Sánchez ya fue condenada a dos años de prisión y a una multa de 8,6 millones por pagar las nóminas en el Ayuntamiento jerezano con fondos del Plan E, pero recurrió aquel fallo ante la Audiencia de Cádiz, que anuló la condena y la absolvió.
En relación al ex delegado Francisco Lebrero, que fue absuelto, se "procede al archivo de las actuaciones dejando sin efecto en su caso, las medidas cautelares que se hubieran podido adaptar en el curso del proceso". Una decisión que también afecta al resto de personas absueltas en el proceso como han sido José Manuel Caro, José María César López y José María Rivera.
Por otra parte, en el auto se requiere tanto a Sánchez como a Martínez para que, en el plazo de 30 días, "hagan efectivo el pago de la indemnización, solidaria, a que han sido condenadas". Al mismo tiempo, a la ex delegada se le exige que abone también la multa que le fue impuesta de 1.890 euros. En el caso del trabajador municipal Salvador Rubio -él no recurrió la sentencia como sí hicieran Sánchez y Martínez- al no estar previsto su ingreso en prisión por ser la condena menor de dos años, sólo le exige que efectúe en diez días el pago de la multa impuesta que asciende en su caso a 810 euros.
Hay que recordar que este mismo martes, la ex regidora socialista -que deberá además declarar en unos días como testigo en el juicio de Pedro Pacheco por el caso 'Estación de autobuses'- dirigió un recurso de amparo al Tribunal Constitucional con el que pretende evitar su entrada en la cárcel para cumplir la condena de 4 años y seis meses de cárcel que le impuso el Tribunal Supremo. El abogado de Pilar Sánchez, Juan Pedro Cosano, ya explicó que Sánchez estaba "muy preocupada" y afectada, ya que era precisamente en estos días cuando se esperaba -como ha ocurrido- que el Supremo remitiese a la Audiencia Provincial de Cádiz la orden de ejecución de la sentencia, que implica su ingreso inmediato en la cárcel.
Dicha orden se esperaba después de que el pasado 21 de diciembre el Tribunal Supremo confirmara la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que condenaba a la ex alcaldesa a 4 años y 6 meses de prisión y a 8 de inhabilitación por el denominado 'Caso PTA'. En concreto, la sentencia la consideró autora de varios delitos cometidos en relación con la concesión de una subvención del 40% a la empresa Tecnología e Innovación Sanitaria (TISA) para la adquisición de suelo en el Parque Tecnológico Agroindustrial de Jerez.
Cosano ya explicó esta misma semana que esperaba que, al estudiar su recurso, en el que pide la suspensión de la ejecución de la condena, el Tribunal Constitucional matice algunos aspectos de la sentencia. El letrado apuntó, además, que el Constitucional "suele" suspender la ejecución de una condena cuando ésta es inferior a cinco años, lo que se da en este caso. No obstante, antes de que esto ocurra el Tribunal Constitucional deberá decidir previamente si admite o no a trámite el recurso de amparo que recibió el martes. Se trata de una vía que permanecerá abierta hasta que el Alto Tribunal se pronuncie, independientemente de que la ex alcaldesa entre o no de manera inmediata en prisión.
Cabe recordar también que Pilar Sánchez ya fue condenada a dos años de prisión y a una multa de 8,6 millones por pagar las nóminas en el Ayuntamiento jerezano con fondos del Plan E, pero recurrió aquel fallo ante la Audiencia de Cádiz, que anuló la condena y la absolvió.
