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| Foto: Tiojimeno |
El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) se ha pronunciado respecto a que
“dentro de unos meses, en concreto agosto, se cumple la concesión a CLECE, que
está integrado por trabajadoras de Tarifa, Castellar y Jimena de la Frontera”.
“La actual Ley en vigor sobre la gestión de la administración local, no
permite que los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes puedan gestionar
Servicios como el de la Ley de la Dependencia, siendo esta una responsabilidad
de la Diputación”, explican.
Añaden que “esta Ley que se aprobó el 20 de Marzo del 2006, entró en vigor
el 1 de Enero de 2007, un servicio que comenzó siendo gestionado por los
ayuntamientos a través de fondos públicos. Fue a finales del 2010 cuando varias
Diputaciones, entre ellas la de Cádiz, quienes mediante una maniobra política
ofrecieron a los municipios o bien cederlo a lo privado o que se siguiera tal y
como se venía haciendo desde primeros del 2007”.
“Todos aquellos ayuntamientos que estuvieron de acuerdo con la
privatización del Servicio (que fueron en una gran mayoría y todos gobernados
por PP y PSOE), dieron lugar a la pérdida de derechos laborales y la
precariedad en muchas de sus trabajadoras. Cabe recalcar que varios municipios
andaluces prefirieron continuar con la gestión pública”, alegan.
Afirman que están “completamente seguros de que si de verdad existe voluntad política para llevar a cabo el rescate del servicio de la Ley de la Dependencia, con ello las trabajadoras ganarán en derechos y lo más importante, estos fondos no volverían a ser gestionados desde lo privado, sino que se haría desde lo público. Nos oponemos a que una parte de nuestros impuestos queden en manos de empresarios-especuladores”.
Afirman que están “completamente seguros de que si de verdad existe voluntad política para llevar a cabo el rescate del servicio de la Ley de la Dependencia, con ello las trabajadoras ganarán en derechos y lo más importante, estos fondos no volverían a ser gestionados desde lo privado, sino que se haría desde lo público. Nos oponemos a que una parte de nuestros impuestos queden en manos de empresarios-especuladores”.
Desde las Uniones Locales del Sindicato Andaluz de Trabajadores de Jimena y
de Castellar de la Frontera, exigen a la Diputación “la recuperación a lo
público del servicio de la Ley de la Dependencia”.
“Las trabajadoras como los usurarios atendidos, son personas y nunca deben ser una mercancía con la que negociar o lucrarse desde lo privado”, concluyen.
“Las trabajadoras como los usurarios atendidos, son personas y nunca deben ser una mercancía con la que negociar o lucrarse desde lo privado”, concluyen.
Fuente: andaluciainformacion.es
