Tanto
el acceso a producciones culturales en distintos formatos, como el disfrute del
recogimiento propio de un lugar tranquilo y silencioso, por definición, justifican
la existencia de las Bibliotecas públicas, o mediatecas, por aquello de custodiar
no sólo libros o revistas y ofrecer acceso gratuito a la información y la cultura.
La red de bibliotecas públicas andaluzas estaba compuesta, según informe de la Consejería
del ramo en 2012, de 695 unidades administrativas, que ofrecían 870 puestos
de servicio fijos y 4 móviles lo que suponía en total una oferta de 874 instalaciones. Desglosado el
dato por provincias: Almería 105, Cádiz 176, Córdoba 96, Granada 112, Jaén 108,
Málaga 153 y Sevilla 133. No obstante es evidente que el conjunto de
Bibliotecas ubicadas en instituciones públicas es mucho mayor, por ejemplo las que
ofrecen los campus universitarios o las que se encuentran en los centros educativos.
Concretamente el número de centros educativos públicos que imparten enseñanzas no
universitarias es de 4.587. De ellos tienen
bibliotecas algo más de 3.200, dedicados a enseñanza primaria, secundaria obligatoria
y postobligatoria. El sindicato CGT viene realizando una campaña para que el Parlamento
andaluz exija al gobierno desarrollar un plan de Bibliotecas escolares que las
conviertan en recursos comunitarios para barrios de las ciudades, pedanías y pueblos.
En algo más de veinte años estas bibliotecas escolares han pasado
de una situación de falta de libros de lectura y consulta, a tener una
aceptable dotación de ellos, por lo que es posible convertirlas en un recurso
comunitario de primer orden, tanto para la animación a la lectura, como la
extensión cultural necesaria en una población, como la andaluza, que cuenta con
porcentajes de lectores de libros en su tiempo libre inferiores a la media española
y bastante inferiores, si se compara con Madrid por ejemplo, que le saca más de
20 puntos de ventaja. Convertir las bibliotecas escolares en recurso
comunitario requiere pequeñas inversiones que, además, completarían la oferta educativa
de los centros educativos públicos. Dotándolas de profesionales especializados
-tanto en animación a la lectura como en la gestión de la documentación y la archivística- que
tendrían a su cargo la ampliación, conservación, catalogación de existencias y su
buen funcionamiento; cada biblioteca quedaría
convertida en agente de desarrollo comunitario.
Artículo de Rafael Fenoy Rico
