La investigación se remonta a mediados de 2011, cuando la Inspección Provincial de Trabajo de Barcelona detectó la existencia de una serie de empresas con deudas en sus cotizaciones de seguros sociales y, aparentemente, sin actividad laboral real. Los investigadores determinaron que un grupo de 30 empresas (16 Sociedades Limitadas y 14 Sociedades Civiles Particulares) eran usadas para presentar sucesivas altas y bajas de trabajadores, en ocasiones contratados por varias de las mercantiles del grupo. Estas 30 sociedades incumplieron sistemáticamente y desde el inicio de su actividad la obligación de cotizar por los seguros sociales de sus trabajadores, presentando descubiertos por impago de cuotas por un total de 4.525.000 euros.
Además, en la constitución de las mercantiles se consignaba como socios y administradores a personas que no ejercían tales funciones y que no eran sino meros "testaferros" procedentes de sectores marginales y de exclusión social. Gracias a estos se conseguía ocultar la verdadera identidad de los responsables y la localización de las empresas, eludiendo así las acciones ejecutivas que pudieran llevarse a cabo. De hecho, los domicilios sociales y de actividad empresarial facilitados en los datos de inscripción de las sociedades eran falsos. La red empresarial también se servía de varios profesionales de la gestión para canalizar la confección de contratos, nóminas, partes de alta y baja y certificados de empresa. En general las actividades declaradas en el momento de la constitución de las empresas eran muy amplias, aunque eran inscritas en la Seguridad Social como únicamente dedicadas a la construcción y la jardinería.
En total, el grupo empresarial dio de alta en el Régimen General de la Seguridad Social a 3.375 trabajadores, de los que 398, tras acumular los mínimos periodos de carencia legalmente establecidos o para completar estos periodos, obtuvieron prestaciones y/o subsidios por desempleo por un total de 2.667.000E en base a esa supuesta actividad laboral. Además, al menos 406 personas habrían utilizado el alta en la Seguridad Social como presuntos trabajadores en algunas de las empresas investigadas para solicitar la renovación de la correspondiente documentación de Trabajo y Residencia en España o reagrupación familiar, a la que muchos de ellos no hubieran tenido derecho.
Hasta el momento, la Policía ha identificado y arrestado o imputado a un total de 427 personas, entre ellas el presunto cabecilla de todo el entramado empresarial. Uno de los detenidos, testaferro que figuraba como administrador o representante de ocho de las sociedades y también constituyente en 17 de las empresas, trabajaba en realidad como repartidor de pizzas. Las investigaciones, que continúan abiertas, han sido desarrolladas por la Brigada de Delincuencia Económica de la Comisaría General de Policía Judicial y por las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras de Barcelona, Tarragona y Gerona, con la colaboración del Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Linares (Jaén), y las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social, la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal y la Inspección de Trabajo de Barcelona.
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